La ley que prohíbe protestar

# La ley que prohíbe protestar

En quince países del mundo, salir a la calle con un cartel es un delito. No exagero: la cifra viene de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que documentaron cómo, entre 2022 y 2024, naciones como Rusia, Reino Unido, Irán, Egipto y varios de nuestra propia América Latina endurecieron sus leyes para criminalizar la protesta. El delito ya no es violentar propiedad ni agredir a alguien: el delito es estar ahí, con tu cuerpo, pidiendo algo. Y si eso no le parece distopía, es porque no está prestando atención.

Reino Unido aprobó en 2023 la Public Order Act, una ley que permite a la policía detener a personas que porten carteles o inclinen su comportamiento hacia la protesta incluso antes de que esta ocurra. No hace falta que rompan nada: basta con que un oficial considere que podrían causar «incomodidad grave». En Rusia, la legislación sobre «desacato» convirtió en punible cualquier crítica pública al ejército, con penas de hasta quince años. Y en América Latina, desde Ecuador hasta Guatemala, los estados de excepción se han convertido en la herramienta favorita para suspender derechos sin necesidad de dar explicaciones.

Lo que más me inquieta, como escritor de distopías, es la normalización. Cuando vivimos el estallido social en Chile en 2019, vimos cómo el estado de emergencia se decretaba con la misma naturalidad con que se anuncia lluvia. Soldados en las calles, toques de queda, el derecho a reunión evaporado en un decreto. Y gran parte del país aplaudió. Es ahí donde la distopía se consolida: no cuando un tirano impone su voluntad contra el pueblo, sino cuando el pueblo acepta que la libertad es un lujo que no puede permitirse en tiempos de crisis.

Las leyes antiprotesta comparten una gramática común. Siempre se justifican con el orden público, la seguridad ciudadana, la protección del comercio. Siempre se presentan como excepciones temporales. Y siempre permanecen. La historia nos enseña que ninguna ley restrictiva se derogó sola: cada libertad recuperada costó sangre, organización y tiempo. Las páginas de Los orígenes del totalitarismo, de Hanna Arendt, deberían ser lectura obligatoria para cualquier legislador que proponga restringir el derecho a protestar.

La pregunta que debiera mantenernos despiertos es simple: ¿cuándo se cruzó la línea entre proteger el orden y sofocar la disidencia? ¿Fue cuando prohibieron las marchas, o cuando dejamos de sentir la ausencia? En Pucón, donde escribo, las montañas parecen eternas. Pero hasta las montañas se erosionan. Una ley a la vez, una libertad a la vez, una protesta silenciada a la vez.

Quince países ya criminalizan lo que debiera ser un derecho universal. Y cada nuevo país que se suma a la lista hace que el precedente sea más fácil de invocar para el siguiente. La prohibición de protestar es contagiosa: cuando un gobierno ve que otro la impone sin consecuencias internacionales graves, la tentación se convierte en política. El derecho a la protesta no es un privilegio de las democracias maduras: es la condición que hace posibles las democracias. Sin él, solo queda la acatamiento. Y la acatamiento, por ordenado que sea, no es paz: es el silencio de los que ya no pueden gritar.

Rolando Fryderup Krause · Escritor · Pucón, Chile